Santo Domingo.– En una reforma legal de impacto significativo para la administración pública dominicana, la nueva Ley de Contrataciones Públicas entró oficialmente en vigencia este martes, sustituyendo la anterior normativa vigente desde 2006 (Ley de Compras y Contrataciones).
La legislación, promulgada por el Poder Ejecutivo y respaldada por el Congreso Nacional, introduce cambios profundos en los procesos de adquisición de bienes, obras y servicios por parte del Estado.
Entre los aspectos más relevantes de la nueva normativa destaca la inclusión de sanciones penales, incluyendo penas de prisión para funcionarios públicos y encargados de contratación que negocien o realicen actos de favorecimiento con recursos del Estado en violación de la ley.
El objetivo declarado de la reforma es fortalecer los principios de transparencia, eficiencia, rendición de cuentas y probidad administrativa, particularmente en un contexto donde la gestión pública ha estado bajo presión por demandas ciudadanas de mayor control y combate a la corrupción.
La ley contempla mecanismos de supervisión más estrictos, criterios más exigentes para adjudicaciones, y sanciones administrativas y penales para quienes violen las reglas establecidas en los procedimientos de contrataciones públicas.
Autoridades del Ministerio de Administración Pública y de la Dirección General de Contrataciones Públicas explicaron que la implementación incluirá:
- Capacitación obligatoria para funcionarios y servidores públicos involucrados en compras y contrataciones.
- Plataformas electrónicas unificadas para mayor trazabilidad de los procesos.
- Auditorías y revisiones periódicas de los contratos adjudicados.
- Penas claras y proporcionales para prácticas irregulares, incluida la prisión para casos de negociación indebida con el Estado.
El Gobierno asegura que la nueva ley permitirá mejorar la gestión de recursos públicos, reducir prácticas fraudulentas y alinear los procesos de contratación con estándares internacionales.
Organismos civiles y expertos en transparencia han valorado positivamente la entrada en vigor de la norma, aunque algunos sectores llaman a garantizar su aplicación efectiva y vigilancia ciudadana, para evitar que las disposiciones se queden únicamente en el papel.
