Santo Domingo. – Representantes de distintos sectores comerciales del país acudieron al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) para exponer su preocupación por los impactos económicos derivados de la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, especialmente en lo relativo a las contribuciones anuales obligatorias establecidas por la normativa.
Los comerciantes manifestaron que la aplicación de estas contribuciones representa una carga financiera significativa, particularmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, que ya enfrentan elevados costos operativos y un entorno económico desafiante. En ese contexto, solicitaron la mediación del ministro YayoSanz Lovatón para abrir un espacio de diálogo que permita revisar y consensuar soluciones viables.
De acuerdo con los voceros del sector, si bien respaldan los objetivos ambientales de la ley y reconocen la importancia de una gestión adecuada de los residuos sólidos, consideran necesario que su implementación tome en cuenta la capacidad real de pago de las empresas, así como el impacto diferenciado por tamaño y tipo de actividad comercial.
“Estamos de acuerdo con avanzar hacia un modelo sostenible, pero las contribuciones deben ser proporcionales y aplicadas de manera gradual, para no afectar la estabilidad de los negocios”, expresaron representantes empresariales tras el encuentro.
Los comerciantes esperan que el Ministerio de Industria y Comercio actúe como ente articulador entre el sector privado y las autoridades responsables de la aplicación de la ley, con el objetivo de evaluar posibles ajustes, incentivos o mecanismos alternativos que reduzcan la presión financiera sin comprometer las metas ambientales.
Desde el MICM se informó que las inquietudes planteadas serán analizadas y canalizadas ante las instancias correspondientes, reafirmando la disposición del Gobierno de escuchar al sector productivo y promover soluciones equilibradas que fomenten tanto la sostenibilidad ambiental como la competitividad empresarial.
El debate en torno a la Ley de Residuos Sólidos se mantiene como uno de los principales temas de la agenda económica nacional, en momentos en que distintos sectores abogan por una aplicación más flexible y consensuada de la normativa.
