Santo Domingo.– La disposición que establece que la publicidad del Estado dominicano debe contratarse directamente con los medios de comunicación se sustenta en el marco jurídico vigente de compras públicas y transparencia administrativa, en un esfuerzo por fortalecer la integridad, la rendición de cuentas y la competencia en el manejo de recursos públicos.
Marco normativo aplicable
La contratación pública en la República Dominicana está regulada por la Ley de Contrataciones Públicas (Ley 47-25), promulgada el 28 de julio de 2025, la cual deroga la anterior Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y establece un régimen jurídico actualizado para todas las adquisiciones del Estado, incluidos los servicios profesionales, bienes y obras.
La Ley 47-25 promueve principios fundamentales como transparencia, igualdad, eficiencia y rendición de cuentas, asegurando que las contrataciones estatales se realicen mediante procedimientos competitivos y públicos, en consonancia con la normativa internacional y con los estándares de buena gobernanza.
Procedimientos de contratación y publicidad oficial
Dentro del nuevo ordenamiento, la contratación de publicidad institucional del Estado debe encuadrarse dentro de los mecanismos previstos en la Ley de Contrataciones Públicas, incluyendo la contratación directa sujeta a umbrales, siempre y cuando se justifique conforme a los criterios técnicos y al cumplimiento de los principios de transparencia y libre competencia.
Además, desde enero de 2024 el Decreto No. 1-24 estableció criterios e instrucciones específicas para la contratación de difusión de publicidad oficial directamente con los medios de comunicación, con el objetivo de promover la rendición de cuentas, la transparencia y la comunicación eficaz de los servicios públicos a la ciudadanía.
Objetivos y efectos
El fundamento legal apunta a que el uso de recursos estatales para publicidad institucional sea gestionado de forma directa, evitando intermediarios y prácticas discrecionales que puedan vulnerar los principios de la contratación pública. Esta política busca:
- Garantizar procesos transparentes y competitivos;
- Promover la igualdad de oportunidades entre los medios de comunicación;
- Facilitar la fiscalización pública de los gastos en comunicación institucional;
- Asegurar que la publicidad estatal cumpla una función informativa y de servicio a los ciudadanos, sin sesgos partidarios.
El enfoque legal responde no solo a la Ley 47-25, sino también a los principios generales de la Administración Pública dominicana, establecidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública, los cuales incluyen eficacia, transparencia, objetividad e igualdad en el manejo de recursos públicos.
