Ciudad de Panamá / Pekín / Washington — Una filial de la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings, que operaba dos terminales portuarias vinculadas al Canal de Panamá, anunció que activará un proceso de arbitraje internacional luego de que el gobierno de Panamá dejara sin efecto los contratos de concesión.
La empresa sostiene que la decisión panameña vulnera compromisos contractuales vigentes y adelantó que recurrirá a instancias legales para reclamar compensaciones por las inversiones realizadas y los perjuicios derivados de la medida.
La anulación provocó una dura respuesta de China, cuyas autoridades advirtieron que Panamá “pagará un alto precio” por lo que consideran una acción hostil contra intereses empresariales vinculados a su esfera económica.
Funcionarios chinos calificaron el movimiento como un precedente negativo para la inversión extranjera y señalaron que podría afectar las relaciones comerciales bilaterales, en un momento de creciente tensión global por el control de infraestructuras estratégicas.
Desde Estados Unidos, voceros gubernamentales aplaudieron la medida adoptada por Panamá, destacando la importancia de preservar la transparencia y la seguridad en una vía marítima clave para el comercio internacional.
Washington ha insistido en la necesidad de reducir la influencia de actores vinculados a Pekín en corredores logísticos críticos, especialmente en el Canal, por donde transita cerca del 5% del comercio marítimo mundial.
El episodio coloca nuevamente a Panamá en medio de la disputa entre las dos principales potencias del planeta, con el Canal convertido en pieza central del tablero geoestratégico.
Analistas regionales advierten que el arbitraje podría prolongarse durante años y que sus resultados podrían sentar precedentes relevantes para futuras concesiones portuarias en América Latina.
Mientras tanto, el gobierno panameño ha reiterado que la decisión responde a criterios de legalidad y defensa del interés nacional, asegurando que actuó dentro del marco jurídico vigente.
